Diferentes ARS y algunos hospitales públicos y centros privados violan constantemente los derechos de los pacientes de enfermedades catastróficas, quienes indefensos deben soportar toda clase de vejámenes cuando buscan la solución a sus males.
Ello, ante la mirada indiferente de ejecutivos de esas entidades, pese a conocer perfectamente sus obligaciones con el sector afectado. Varias ARS han sido reiterativas en la negativa de costear los gastos para trasplantes renales y hepáticos.
Múltiples complejidades por las que atraviesa el paciente renal en diálisis son producto de la pobre orientación en torno a los derechos que le asisten como persona en condición catastrófica, que debe recibir un trato adecuado, más humano y justo como lo exigen las leyes y normas.
Es una problemática que, muchas veces, se inicia con la negativa de algunas administradoras de riesgos de salud (ARS) a cumplir sus compromisos de cobertura, y que se agudiza cuando los centros hospitalarios se niegan a brindarle atención a las enfermedades que circundan al paciente, además de su propia condición de insuficiencia renal crónica (IRC).
Recientemente un paciente, afectado de una ulcera crónica de gran tamaño en una de sus piernas, que requería internamiento inmediato, fue enviado a su casa tras recomendarle que fuese a un hospital público. Y todo por médicos irresponsables del hospital Salvador B. Gautier, perteneciente al Seguro Social, porque el enfermo estaba asegurado bajo el régimen subsidiado del SENASA y no a Salud Segura.
Esta situación ocurrió sin el conocimiento de la Directora del Hospital, persona de muy fino trato, quien afortunadamente, tras la denuncia que hizo esta asociación, tomó las medidas correctivas de lugar, disponiendo además el internamiento y la debida asistencia médica del paciente, el cual se recupera satisfactoriamente en una de las salas.
Situaciones parecidas les ocurren a otros miembros de enfermedades catastróficas, tales como los pacientes de hígado deficiente y los afectados de cáncer.
Apenas la semana pasada un grupo de maestros se quejó públicamente en la prensa, pues hacía meses que no recibían sus tratamientos ni las medicinas para tratar el mal. Mayor indolencia no puede haber en contra de un sector tan importante, más aún cuando las autoridades de Salud Pública y el SENASA han procurado mejorías en estos pacientes catastróficos.
Es por ello que, se insiste, el paciente debe conocer sus derechos y buscar asesoría de las entidades que los agrupan, como la Asociación de Pacientes Renales Sendero de Vida y la Fundación de Ayuda a Pacientes Trasplantados.
Unidos por la misma causa; solo con la lucha conjunta podrá ganarse la batalla. Y es que, es muy poco lo que se puede hacer de manera individual.
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